El caso del asesinato de las hermanas Laura Camila Gómez Guerrero, de 21 años, y Ángela Lorena Gómez Guerrero, de 13, ocurrido el 8 de abril de 2024 en zona rural del municipio de El Guamo, Tolima, Colombia, ha generado una profunda conmoción en Colombia debido a las circunstancias violentas en las que fueron encontradas y las hipótesis que rodean la investigación.

De acuerdo con los reportes iniciales, las dos jóvenes fueron halladas sin vida dentro de una finca del sector, tras haber sido reportadas como desaparecidas horas antes. Su madre, Gloria Guerrero, había recibido un mensaje de WhatsApp enviado por las propias víctimas en el que alertaban que estaban secuestradas y que hombres desconocidos se encontraban en el lugar, lo que encendió las alarmas entre familiares y vecinos.

Al llegar las autoridades al sitio, los cuerpos fueron encontrados en una escena que generó fuerte impacto en la comunidad. Aunque la investigación avanza bajo reserva, la Fiscalía General de la Nación ha señalado que una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que el crimen se haya producido en el contexto de un presunto ritual, una hipótesis que aún no ha sido confirmada plenamente pero que ha sido ampliamente difundida en medios de comunicación.

Laura y Angela Gomez, encontradas muertas en una finca del Guamo. 

El caso ha tomado mayor relevancia tras la captura de varios sospechosos. Entre ellos figura un ciudadano extranjero identificado como Johan José Castellano Hernández, así como un hombre conocido con el alias de “Pico Loro”. Ambos fueron vinculados por las autoridades al proceso judicial por su presunta participación en los hechos, aunque su responsabilidad final deberá ser determinada por un juez de la República.

En medio del avance del proceso, la madre de las víctimas ha elevado reiteradas denuncias públicas en las que expresa su preocupación por las demoras en las audiencias y posibles dilaciones judiciales. Según sus declaraciones, estos retrasos podrían favorecer la libertad de los implicados, lo que ha incrementado el clamor de justicia por parte de la familia y de la comunidad.

El doble homicidio ha reabierto el debate sobre la violencia en zonas rurales del país, así como la protección de menores y jóvenes en contextos de riesgo. Organizaciones sociales y ciudadanos han pedido celeridad en el proceso y mayor claridad sobre las circunstancias reales del crimen.

Mientras tanto, el caso continúa en etapa de investigación, con múltiples hipótesis abiertas y una expectativa creciente de que la justicia logre esclarecer uno de los hechos más impactantes registrados en el departamento del Tolima en los últimos años.