Encadenados, rapados, vestidos de blanco y sin posibilidad de defenderse. Así fue el traslado de 238 venezolanos desde Estados Unidos al CECOT, la mega cárcel salvadoreña considerada la más temida de América Latina. Las autoridades aseguran que todos forman parte del Tren de Aragua, pero expertos y defensores de derechos humanos denuncian que no hay pruebas judiciales ni procesos individuales que sustenten las acusaciones.

El operativo se enmarca en un acuerdo bilateral entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Nayib Bukele, que permite deportaciones directas hacia El Salvador. Según fuentes oficiales, Estados Unidos financió el traslado con 6 millones de dólares. ONGs, juristas y organizaciones de migrantes levantaron la voz ante lo que consideran una grave violación de derechos fundamentales. “Se criminaliza la nacionalidad venezolana bajo la figura del enemigo extranjero”, advierten.

Deportados presuntos miembros del Tren de Aragua en la cárcel CECOT, El Salvador

Ronna Rísquez, investigadora especializada en crimen organizado, analizó los videos difundidos por el gobierno salvadoreño y fue contundente: “No puedes levantar la cabeza, debes mirar al piso. El mensaje es claro: humillación total”. Desde Caracas, Nicolás Maduro comparó el trato recibido por los venezolanos con “campos de concentración nazis” y acusó a Washington de una agresión directa “como nunca antes” contra el pueblo venezolano.

Pese a las críticas, la Corte Suprema de EE.UU. dio luz verde a las deportaciones bajo este nuevo esquema. La comunidad internacional, por ahora, guarda silencio. Mientras tanto, más vuelos están programados. ¿Estamos ante una verdadera política de seguridad contra el crimen organizado? ¿O se trata de un nuevo montaje político en año electoral? La polémica está abierta, y los derechos de cientos de migrantes quedan atrapados en medio de intereses cruzados.