La ex primera combatiente del chavismo, Cilia Flores, pretende abandonar el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para trasladarse a una residencia privada en Manhattan mientras espera su juicio.
La propuesta de la defensa contempla un régimen estricto de arresto domiciliario que incluye vigilancia permanente las 24 horas, cámaras de seguridad, monitoreo por GPS, llamadas supervisadas, lista restringida de visitantes y la entrega de todos sus documentos de viaje.
Sin embargo, la respuesta de la fiscalía estadounidense ante esta solicitud fue un seco y rotundo rechazo.
Una solicitud especial: la estrategia de su defensa
Los abogados Mark E. Donnelly y Andres Sánchez, sostienen que la salud de su defendida se ha deteriorado gravemente durante su reclusión.
Según los escritos presentados ante el tribunal, la mujer de 69 años padece una afección en la válvula mitral y ha perdido más de 11 kilos y dos piezas dentales.
La defensa argumenta que Flores ha sufrido episodios de debilidad, mareos y opresión en el pecho, destacando un cuadro crítico registrado el pasado 29 de julio que duró cerca de 30 minutos y motivó la recomendación médica de realizarle un cateterismo cardíaco.
Ante estos alegatos, el juez federal Alvin Hellerstein ordenó sellar el historial médico de la acusada, mientras la defensa insiste paralelamente en desestimar la causa mediante el recurso de inmunidad soberana.
¿De dónde saldría el dinero para el traslado?
El aspecto más controvertido del planteamiento radica en su financiamiento.
La defensa aseguró que la propia Flores asumiría los elevados costos del alquiler en Manhattan, el equipo de seguridad privada y la logística de la detención.
Esta afirmación entra en directa contradicción con la postura previa de Flores y Nicolás Maduro, quienes meses atrás se declararon sin recursos suficientes para costear abogados privados y solicitaron asistencia financiera al tribunal.
Hasta el momento, sus representantes no han aclarado el origen de los fondos para financiar esta hipotética estancia de lujo.
Flores permanece bajo custodia desde su captura el 3 de enero junto a Nicolás Maduro.
La justicia estadounidense la acusa formalmente de conspiración para el tráfico de cocaína, así como de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
A la espera de su juicio programado para el 1 de junio de 2027, expertos en seguridad y politólogos señalan que las probabilidades de conseguir el beneficio son mínimas.
La gravedad de los cargos, el alto riesgo de fuga y la capacidad de atención médica dentro del penal pesan más en la balanza judicial que los argumentos de la defensa.
Ciciliia Flores y Nicolas Maduro bajo la custodia de autoridades estadounidenses.
