En un contexto de creciente inseguridad, comerciantes de varias ciudades de Colombia han decidido armarse para proteger sus negocios y su integridad personal. Esta decisión, aunque controversial, es vista por muchos como una medida desesperada ante la ola de atracos y extorsiones que enfrentan a diario. La percepción generalizada de que el Estado no tiene la capacidad de garantizar su seguridad ha llevado a estos ciudadanos a tomar la justicia en sus propias manos. Sin embargo, la posibilidad de acceder legalmente a un arma de fuego es un camino lleno de obstáculos.
Aunque el porte de armas está técnicamente permitido en Colombia con salvoconducto, los requisitos exigidos por las autoridades son complejos, costosos y, en muchos casos, inviables para la mayoría de la población. Este marco regulatorio, lejos de ser una solución, ha incentivado un mercado negro de armas, donde muchos optan por adquirirlas de manera ilícita, aumentando los riesgos asociados a su posesión.
La creciente cantidad de comerciantes armados pone en evidencia un problema estructural: la incapacidad de las instituciones para brindar protección efectiva. Esta situación genera un círculo vicioso en el que la inseguridad alimenta la autodefensa, y la autodefensa, a su vez, contribuye a la proliferación de armas y posibles actos de violencia. Aunque comprensible desde la perspectiva de quienes se sienten acorralados, esta tendencia plantea riesgos significativos, como el aumento de enfrentamientos armados y un debilitamiento del estado de derecho.
Es fundamental que las autoridades aborden esta problemática de manera integral, fortaleciendo las estrategias de seguridad, desarticulando redes criminales y simplificando los trámites legales para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de forma segura. Solo así será posible restaurar la confianza en las instituciones y detener el avance de esta peligrosa dinámica.
