El departamento del Guaviare, ubicado en el suroriente de Colombia, enfrenta una de las disputas armadas más fuertes en la actualidad. Dos facciones de las disidencias de las FARC, lideradas por Néstor Gregorio, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz, alias Calarcá, se enfrentan por el control de más de 50 mil kilómetros cuadrados de selva y llanura, territorio estratégico para el narcotráfico y las economías ilegales.

Más allá de las plantaciones de coca que generan millonarias rentas, los grupos imponen un estricto sistema de cobros a ganaderos, agricultores y comerciantes. Los llamados “impuestos” oscilan entre 20 y 30 mil pesos por cabeza de ganado al mes, lo que genera pérdidas constantes para quienes dependen de esta actividad. Testimonios de habitantes señalan que no pagar significa exponerse a amenazas, expulsiones o incluso la muerte.

                                                                       Pancartas de las FARC en el Guaviare

La presión es tan fuerte que en municipios como Calamar, El Retorno o San José del Guaviare, la población es citada en veredas apartadas para negociar las cuotas que deben entregar a los grupos armados. En estas reuniones, los disidentes realizan una especie de censo para calcular cuánto debe pagar cada persona, dependiendo de sus tierras o su producción.

Las consecuencias de este dominio son graves: en lo que va del año ya se han registrado masacres y asesinatos de líderes sociales e indígenas. Incluso periodistas han sido víctimas de atentados y amenazas, dificultando la denuncia de estas situaciones.

Mientras tanto, la comunidad insiste en la necesidad urgente de que el Estado refuerce su presencia en la región. Líderes locales, campesinos y educadores piden alternativas que permitan a los jóvenes alejarse del reclutamiento forzado y acercarse a la cultura, el arte y la educación. El Guaviare es una tierra de riqueza natural y cultural, pero bajo la sombra del conflicto armado su futuro está en riesgo si no se toman medidas inmediatas y efectivas.