El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, atraviesa un momento de intensa presión política y social, que amenaza con marcar un antes y un después en su carrera. A pesar del respaldo estratégico del Gobierno Federal, su popularidad ha caído en picada dentro de su estado. Esta pérdida de apoyo no solo proviene de la ciudadanía, que le reprocha la inseguridad y la percepción de inacción frente a problemáticas locales, sino también de facciones del Cártel de Sinaloa (CDS), en especial
Los Chapitos y La Mayiza, grupos que mantienen una disputa interna por el control del territorio. La tensión se ha agudizado con las acusaciones del heredero de Ismael «El Mayo» Zambada, quien culpa directamente a Rocha Moya de la captura y el proceso judicial que su padre enfrenta actualmente en Estados Unidos. Estas declaraciones han intensificado las divisiones dentro del CDS y han puesto al gobernador en el ojo del huracán.
La crisis refleja una compleja red de intereses políticos y criminales que históricamente han coexistido en Sinaloa. El señalamiento de Rocha Moya como un posible colaborador en el debilitamiento de una de las facciones del CDS ha generado especulaciones sobre sus vínculos y su papel en los recientes movimientos de las autoridades. Además, esta situación amenaza con deteriorar aún más la gobernabilidad en un estado donde los equilibrios de poder suelen ser frágiles.
En el ámbito político, las fricciones internas en Morena, el partido del gobernador, complican su capacidad de maniobra. La caída de su popularidad podría repercutir en futuras elecciones y consolidar un clima de desconfianza entre los distintos sectores sociales, políticos y del crimen organizado que operan en Sinaloa. En este contexto, el reto para Rocha Moya será demostrar liderazgo y tomar decisiones que devuelvan estabilidad y credibilidad a su administración.
