El consumo de drogas en las universidades es una realidad conocida, aunque pocas veces abordada con la profundidad que exige. En los pasillos, zonas verdes y alrededores de los campus, la presencia de sustancias psicoactivas se ha normalizado hasta el punto de convertirse, para muchos estudiantes, en parte de la vida universitaria. La marihuana encabeza la lista de las sustancias más consumidas, seguida por drogas sintéticas y estimulantes, cuyo uso suele asociarse a la presión académica, la socialización y la curiosidad propia de esta etapa de la vida.

Para algunos jóvenes, el ingreso a la universidad representa el primer contacto con la autonomía lejos del control familiar. En ese contexto, el consumo aparece como una forma de encajar, liberar estrés o experimentar. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad se esconden riesgos que afectan la salud mental, el rendimiento académico y las relaciones personales. Casos de bajo desempeño y conflictos disciplinarios están, en ocasiones, ligados al uso problemático de estas sustancias.

Venta y consumo de sustancias psicoactivas en campus de universidades en Bogotá.

El fenómeno no se limita únicamente al consumo. Alrededor de las universidades se han consolidado redes de microtráfico que aprovechan la alta concentración de jóvenes. La venta se realiza de manera discreta, muchas veces con la complicidad del silencio y el temor a denunciar. Esta situación expone a los estudiantes a entornos de violencia y delincuencia que trascienden los muros de las instituciones educativas.

Aunque algunas universidades han implementado programas de prevención y acompañamiento para este tipo de situaciones, estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Especialistas coinciden en que la respuesta no debe centrarse solo en la sanción, sino en la educación, la prevención y el acceso oportuno a la atención en salud.

Hablar del consumo de drogas en las universidades no es estigmatizar a los estudiantes, sino reconocer una realidad que exige responsabilidad compartida. Instituciones, Estado y comunidad académica deben asumir el reto de construir espacios seguros donde la formación profesional no se vea opacada por una problemática que sigue creciendo en silencio.