Pasaron nueve años de firmado el proceso de paz con las Farc y siete de que la Justicia Especial para la Paz recibiera documentos, escuchara versiones de victimarios y víctimas de esa extinta guerrilla para que se volviera a sentir la inconformidad entre los colombianos: “Tanto daño que hicieron y no van a pagar ni un poquito en la cárcel”.
La sentencia de los jueces de la JEP fue clara, condenarlos a ocho años, no de prisión, sino de trabajos restaurativos: Sembrar árboles, dar coordenadas de dónde están las minas antipersonal, los cuerpos de los desaparecidos y hasta construir monumentos en homenaje a las víctimas. Algo que para uno de los exsecuestrados, como el general, Luis Mendieta, quien estuvo once años en cautiverio, es significativo que afirme que: “Toda la institucionalidad se está colocando a los pies de siete terroristas de las Farc para que manejen presupuestos del estado bajo el parámetro de que están cumpliendo con esas sanciones”.
Jaime Alberto Parra, excomandante del bloque oriental de las FARC.
Testigo Directo hablo con Jaime Alberto Parra, el excomandante del bloque oriental de las Farc, uno de los condenados y quien respondió categóricamente que hicieron un acuerdo y han rendido todo lo que se les ha pedido, porque ese era un compromiso con las víctimas.
Con la voz entrecortada y lágrimas, el finquero Efraín Castro desplazado por las FARC, a quien le secuestraron a algunos miembros de su familia hace un comentario bastante fuerte “no los quisiera en la cárcel, ni vivos, ellos son una enfermedad”.
Fueron más de 13 mil hombres en armas las que tuvo las Farc, y varias dirigencias: Manuel Marulanda, luego Alfonso Cano, hasta llegar a Timoleón o Timochenco quienes a su vez direccionaban a los comandantes de frente, bloques y columnas, todos con una finalidad recaudar dinero a través de la extorsión, el secuestro, la expropiación y en los últimos años el negocio del narcotráfico y la minería ilegal.
Pero es en el caso 001 secuestro y extorsión donde se registraron más de 20 mil víctimas entre ellos políticos, empresarios, miembros de la fuerza pública, personas del común que terminaron retenidos en las improvisadas celdas de alambres de púas y donde muchos permanecían encadenados del cuello, manos o pies.
Alba Luz Polanco una empresaria vio cómo las Farc secuestraron a su hijo, ella supo quien lo mató y después de más de diez años sigue esperando que los integrantes de esa guerrilla den las coordenadas para encontrar el cadáver de su primogénito.
Todo se ha escuchado luego del pronunciamiento de los magistrados de la JEP, pero muchos se preguntan: ¿Para qué negociar la paz total con otros grupos si sus integrantes también recibirían cero castigo? Quedándose la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ¡En cuentos!
