El departamento del Guaviare, joven en su historia con apenas 34 años de conformación, es hoy escenario de una confrontación armada que revive los fantasmas de la guerra. Las disidencias de las FARC, encabezadas por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, y Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, se disputan a sangre y fuego el control de los corredores estratégicos que conectan la Amazonía con los Llanos Orientales.

Este conflicto no es menor. Según lo documentado, ‘Mordisco’ cuenta con más de 500 hombres en armas bajo el denominado bloque Amazonas, mientras que ‘Calarca’ avanza desde la Macarena, Meta, con alrededor de 300 integrantes de la estructura Jorge Briceño. El río Guaviare, clave en la ruta de los insumos ilegales y el narcotráfico, es el epicentro de esta disputa. Veredas como Capricho, Boquerón, Charras y Barranco Colorado, entre otras, se han convertido en territorios donde el Estado brilla por su ausencia y la ley la imponen las armas.

                                                                           Ivan Mordisco y Alias Calarcá

Las comunidades locales sufren las consecuencias directas: peajes ilegales de hasta 10 mil pesos por vehículo, extorsiones obligatorias a comerciantes, desplazamientos forzados y homicidios selectivos. El miedo se ha normalizado. Ni las juntas de acción comunal ni las autoridades municipales logran contener el poder de facto de estos grupos, que deciden quién puede permanecer en la tierra y quién debe abandonarla.

Las fuerzas militares realizan operativos constantes, tanto por aire como por tierra, pero su presencia es limitada frente a la extensión y complejidad del terreno. Mientras tanto, líderes sociales, indígenas y campesinos se encuentran en una situación de altísima vulnerabilidad. El asesinato reciente de un indígena Nukak y la ejecución de funcionarios del ICBF son solo ejemplos del grado de violencia que enfrenta el Guaviare.

Así, entre el silencio y la resistencia, el departamento permanece atrapado en una guerra que parece no tener fin, donde las rutas del narcotráfico y las rentas ilegales pesan más que la vida de sus más de 100 mil habitantes.