Sinaloa se encuentra en un punto de inflexión, sumida en una espiral de violencia sin precedentes, desencadenada por la feroz disputa entre dos de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos, hijos del célebre Joaquín «El Chapo» Guzmán, y la facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias «El Mayito Flaco». Esta guerra interna ha desestabilizado por completo la región, generando una crisis humanitaria que pone en grave riesgo la seguridad de la población civil. Los enfrentamientos armados, los asesinatos selectivos y las amenazas constantes han sembrado el terror en las comunidades, obligando a muchos a desplazarse y a vivir en un clima de incertidumbre. Las autoridades mexicanas, ante la magnitud del problema, se enfrentan a un desafío sin precedentes. La capacidad del Estado para hacer valer la ley y garantizar la protección de los ciudadanos se encuentra seriamente cuestionada. La escalada de violencia en Sinaloa ha puesto de manifiesto la fragilidad de las instituciones y la necesidad urgente de implementar estrategias integrales para combatir el crimen organizado y restablecer el Estado de derecho.